Le pegó con un tubo de hierro en la cabeza y el cerdo chillaba del dolor. A los segundos le clavó un cuchillo. La segunda vez que lo apuñaló, el animal comenzó a retorcerse sobre el charco de su sangre y la de otros de su especie descuartizados en el piso del matadero municipal de Monte Plata. Los matarifes apenas cuidaban la higiene calzando botas de goma. Lanzaban cubetazos con agua a la sangre para que se diluyera por el desagüe. Los fluidos con despojos de los mamíferos iban a parar al contén de la calle frontal hasta perderse en un arroyo próximo. Era un día normal.
En el lugar se violaban artículos de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, y normas de buenas prácticas ambientales y de salubridad, que también se pasan por alto en otros mataderos municipales del país.
Estos recintos son administrados por los ayuntamientos locales, que pueden arrendarlos. Asimismo, deben ser supervisados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar la inocuidad de las carnes que se venden para su consumo en carnicerías, colmados, mercados y supermercados. Solo en septiembre pasado las autoridades sanitarias cerraron cinco en Barahona, Sánchez, Nagua, Montecristi y Esperanza por incumplimientos a la Ley General de Salud.
Muy pocos mataderos municipales cuentan con permiso ambiental para operar; los que no lo tienen, igualmente trabajan, como el de Monte Plata.