La práctica profesional de varios abogados que han llevado sus casos al Tribunal Constitucional (TC) les ha enseñado que obtener una sentencia favorable de esa alta corte no es garantía de cumplimiento cuando se trata de ministerios, ayuntamientos y otras entidades públicas.
Muchos funcionarios obligados prefieren ignorarlas y, algunas veces, esperar a que las instituciones que dirigen tengan que pagar decenas de millones de pesos a los recurrentes como astreinte por el incumplimiento, cosa que suele ocurrir cuando ya no ocupan el puesto.