El Poder Judicial y otros órganos de características similares son beneficiarios, desde hace varios años, de exoneraciones vehiculares, privilegio que, aunque no comparte exactas similitudes con la de los congresistas, sí tienen un impacto para las arcas del Estado.
En los últimos cuatro años, según una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas (DGA) y analizada por este periódico, al menos 489 jueces o funcionarios del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, o entidades autorizadas a usar estas disposiciones, trajeron al país unos 709 vehículos libres del pago de impuestos.