A pesar del cambio del gobierno, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y su socia la pastora Rossy Guzmán seguían haciendo operaciones ilícitas para desviar fondos públicos de instituciones castrenses, establecieron los fiscales anticorrupción durante su investigación.
De acuerdo al Ministerio Público, estos continuaban recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas, debido a que colocaron de forma estratégica personas que pertenecen a la red (militar, societaria y religiosa) que le responden, además de las acciones de distracción del dinero, a evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el órgano acusador lleguen a sus manos.