Carlos De San Juan // El Divo.
Lo que comenzó hace seis años como una legislación destinada a ordenar la gestión integral de los residuos sólidos podría terminar convirtiendo al Fideicomiso DO Sostenible en uno de los mayores administradores de recursos de origen público del país. De aprobarse definitivamente la reforma de la Ley 225-20, modificada por última vez mediante la Ley 98-25 en diciembre pasado, las contribuciones obligatorias del sector privado prácticamente se triplicarían, elevando los ingresos anuales del fideicomiso de unos 3,000 millones de pesos a cerca de 9,000 millones, según estimaciones derivadas del nuevo esquema de aportes.