¿Sistema de pensiones o negocio privado con el dinero público?
En 2001 con la Ley 87-01, la República Dominicana cambió de un sistema público de reparto a uno privado de cuentas individuales administrado por AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones).
Cada trabajador afiliado tiene una cuenta personal donde empleadores y empleados depositan mensualmente un 10% del salario (aproximadamente 7.1% del empleador y 2.9% del trabajador). Estos aportes son invertidos por las AFP para generar rendimientos. El objetivo del nuevo modelo fue garantizar sostenibilidad financiera y ampliar la cobertura de las pensiones, promoviendo la eficiencia y competencia entre empresas privadas.
A más de dos décadas de la reforma, las cifras oficiales reflejan un sistema creciente, pero con problemas importantes. Al cierre de 2024, la Superintendencia de Pensiones (Sipen) reportó cerca de RD$1.1 billones acumulados en los fondos de pensiones. El número de afiliados registrados supera los 5.4 millones, casi la mitad de la población económicamente activa del país.
Cobertura de afiliados y cotizantes
Estar inscrito en el sistema no garantiza aportes constantes. De los 5.4 millones de afiliados, solo alrededor de 2.24 millones cotizan cada mes, es decir, cerca del 42%. Más de 3 millones de afiliados se mantienen con cuentas inactivas porque dejaron el empleo formal, emigraron o quedaron desempleados, o talvez fallecieron.
