Una reforma que amenaza la lucha contra la corrupción y el crimen organizado

Mientras el país exige justicia y transparencia, el Congreso discute, con prisa, una reforma al código procesal penal que podría desmantelar años de avances en la persecución de la corrupción y la criminalidad organizada. La propuesta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sustituye el estándar constitucional y convencional del “plazo razonable” por un conteo matemático rígido que ignora la complejidad real de los grandes casos penales.

Por aplicación de las decisiones del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana y la jurisprudencia penal, la República Dominicana ya había estado aplicando el plazo razonable sin sacrificar la capacidad del Estado para investigar redes de corrupción, narcotráfico, lavado o trata de personas. Reemplazar ese estándar por un límite fijo es retroceder décadas. Es convertir la justicia en un reloj, y no en un sistema capaz de enfrentar estructuras criminales sofisticadas.

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